El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, una normativa pionera en España que obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria a adoptar planes específicos de prevención y priorizar la donación de excedentes para consumo humano.
La nueva ley establece una jerarquía de aprovechamiento para los alimentos no vendidos, fomentando su redistribución social, transformación o, en última instancia, su uso en alimentación animal o compostaje. Se trata de un avance legislativo que busca alinear el sistema agroalimentario con los principios de la economía circular y la justicia social.
En este contexto, el proyecto REDONA, impulsado por la Universitat Politècnica de València, se consolida como un ejemplo adelantado a su tiempo. REDONA ya opera en Mercavalència, canalizando excedentes alimentarios hacia entidades sociales como Casa Caridad, evitando su desperdicio y garantizando su aprovechamiento por parte de personas en situación de vulnerabilidad.
La implementación de REDONA no solo cumple con las exigencias de la nueva ley, sino que refuerza el papel de las universidades y los ecosistemas de innovación como motores de cambio social. Su impacto local en València demuestra que es posible diseñar soluciones replicables que combinan sostenibilidad, justicia y colaboración entre lo público y lo social.